Política

Familiares de los 18 fallecidos salieron a las calles para recodar los tres años de fallecimiento de sus seres. Ellos caminaron por las calles con ataúdes exigiendo justicia. Este 9 de enero de 2026, se cumplió tres años del asesinato de 18 personas en manos de las FF.AA. durante las protestas contra Dina Boluarte.  Los deudos en memoria de seres queridos, celebraron una misa en la parroquia Pueblo de Dios, en el distrito de San Miguel, Puno. El acto litúrgico se tornó amargo porque coincidió con la determinación del fiscal de la Nación interino, Tomas Gálvez, quien desactivó varias unidades especializadas, entre ellas el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Este equipo de trabajo había avanzado las investigaciones por lo ocurrido en Puno, y los fiscales a cargo estaban próximos a presentar una acusación penal contra toda la cadena de mando de la Policía Nacional y Ejército, que autorizó abrir fuego contra los manifestantes que exigían la renuncia de Dina Boluarte. “Este miserable fiscal interino no dio un golpe en el alma. Pero no se va a quedar así. Mientras nosotros exigimos justicia, este cuello blanco desactivó al grupo de fiscales que investigaba lo sucedido en las protestas. Se ha sometido al Congreso, que siempre ha protegido a policías y militares. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en sanciones a los responsables. Vamos a volver a las calles para decirles que no nos van a doblegar”, dijo Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero. Esta organización agrupa a familiares de los deudos. El padre Luis Zambrano ofició en la misma central y exhortó a quienes perdieron a sus parientes a no desmayar, porque no hay mayor expresión de amor que buscar justicia. Como invitada de honor estuvo la fiscal de la Nación inhabilitada por el Congreso, Delia Espinoza. Se declaró cristiana y recordó que el Ministerio Público es una pieza importante para alcanzar justicia a través de la defensa del derecho de las personas, pero precisó que hay fuerzas del mal que la alejaron de la fiscalía. “Lamentablemente, el demonio está presente también en nuestra patria. Pero la lucha no debe dejar de existir. Yo estoy en este momento apartada de mi cargo por las fuerzas del mal, cargo que me gané con esfuerzo y sin deberle nada a nadie, pero mi misión no ha terminado. Voy a utilizar la mejor herramienta que conozco: la ley. Seguiré luchando para volver a ese puesto que me permita continuar trabajando por la justicia en mi querido país. A Juliaca, le digo que no pierdan la esperanza”, afirmó Espinoza.

El partido Ahora Nación respondió a los cuestionamientos sobre el pasado del candidato presidencial y sostuvo que Alfonso López-Chau no registra antecedentes penales, según información del Poder Judicial y su propia versión de los hechos. El partido Ahora Nación reconoció que Alfonso López-Chau estuvo privado de su libertad durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, pero afirmó que se trató de una detención política y no de un proceso penal. Según el pronunciamiento partidario, el hoy candidato presidencial fue posteriormente amnistiado, como ocurrió con otros opositores al gobierno militar, y nunca tuvo una condena judicial. La organización política sostuvo que la privación de libertad de López Chau respondió a su oposición al régimen de facto y no a la comisión de un delito. En esa línea, precisó que no existe expediente penal en su contra ni sentencia que lo vincule a responsabilidad criminal, por lo que no se generaron antecedentes penales en su historial. Esta versión fue reforzada con un documento del Poder Judicial que da cuenta de la inexistencia de sentencias condenatorias inscritas en el Registro Nacional de Condenas. El oficio señala que, tras una búsqueda oficial, no se hallaron registros judiciales que acrediten condena consentida o ejecutoriada contra Alfonso López-Chau. El tema volvió a la agenda pública en medio del proceso electoral tras las declaraciones del excongresista y exalcalde de Andahuaylas, Edgar Villanueva, quien señaló a RPP que Alfonso López-Chau habría estado recluido en el penal de Lurigancho y en otro establecimiento penitenciario durante la década de 1970.

El prófugo líder de Perú Libre reaparece para criticar a Dina Boluarte, atribuyendo su caída a la «deslealtad» tras el pacto con la derecha. Confía en revertir la prisión preventiva o ser sacado por «voluntad popular». El exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, ha reaparecido tras el agitado contexto político peruano, manteniéndose prófugo de la justicia desde hace dos años. Pese a estar investigado por presuntos delitos como aportes ilícitos a su partido y ser el supuesto cabecilla de «Los Dinámicos del Centro», Cerrón rompe su silencio en ‘Cuarto Poder’, para mostrar su distanciamiento de la vacada expresidenta Dina Boluarte y anunciar que su partido sí formará parte de las elecciones generales 2026. La ruptura con Dina Boluarte: de socia a «desleal» Cerrón, quien fue el responsable de incorporar a Dina Boluarte a la política en las elecciones generales de 2021 cuando ella era «una perfecta desconocida», asegura que la caída de la exmandataria se debe a su «deslealtad». Cerrón conoció a Boluarte en 2018 durante las elecciones municipales y regionales, donde ella postuló a la alcaldía de Surquillo. Posteriormente, en 2021, decidieron conformar la plancha presidencial liderada por Pedro Castillo y que ganó el proceso. Las fricciones dentro del partido se iniciaron cuando Boluarte, ya como vicepresidenta y ministra, comenzó a «cambiar y a mostrar su verdadera personalidad», indica Cerrón Rojas. Además, sostiene que las deslealtades de Boluarte, de carácter ideológico, político y programático para con el partido, se expresaron en los primeros meses de gobierno, en 2021, y después con el propio Pedro Castillo. Este quiebre deribó en su expulsión del partido en enero de 2022, momento que el líder de Perú Libre considera el «punto de quiebre» y el inicio de la caída de Boluarte. El pacto con la derecha y el vaticinio de la vacancia Tras perder el apoyo partidario y de la bancada congresal de Perú Libre en 2022, Boluarte habría recurrido a las bancadas de derecha para evitar acusaciones constitucionales y censuras ministeriales. Según Cerrón, se estableció un pacto o «negociación» entre ambas fuerzas. La derecha parlamentaria obtuvo ministerios, direcciones y unidades ejecutoras, mientras que Dina Boluarte recibió el compromiso de no ser vacada y ser blindada en el Parlamento, lo cual ocurrió en siete ocasiones. La alianza, afirma Cerrón, se necesitaba en «ese momento de la conspiración» para evitar la disolución del Congreso y para sostener a Boluarte en el gobierno.

La Fiscalía determinó que no existió ningún intento de homicidio contra Rafael López Aliaga. Por esto, la institución decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Paolo Pizango Iriarte ni Alexander Castro Lara, los dos jóvenes detenidos por la PNP y señalados, inicialmente, de supuestamente portar un arma, una granada y un croquis con el objetivo de atacar al alcalde de Lima mientras participaba de un evento en Villa María del Triunfo. Según el acta que ordena la libertad Alexander Castro Lara, no se encontró ningún indicio del supuesto intento de ataque. Se declaró declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra ninguno de los dos jóvenes por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio en grado de tentativa contra el burgomaestre. En el mismo sentido, no se formalizará la investigación contra Castro Lara por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. Castro Lara ya fue liberado, mientras que Paolo Pizango continúa detenido en espera de la audiencia para evaluar su situación, pues enfrenta un pedido de prisión preventiva por presunta tenencia ilegal de armas. RLA insiste en que quisieron atacarlo, pese a que Fiscalía no encontró pruebas de ello Pese a que la Fiscalía no halló indicios de un supuesto ataque, desde la Municipalidad de Lima se sostiene una narrativa indicando todo lo contrario. El día del incidente la MML publicó un comunicado con el titular «Ataque armado contra el alcalde de Lima». En la nota aseguraban que «un criminal armado intentó matar al alcalde», cuando en realidad ello nunca se dio. Además, adelantaron que denunciarían penalmente el «intento de asesinato».

A pocas horas del plazo límite establecido por el JNE, diversas autoridades regionales y municipales presentaron su renuncia para tentar un cargo en las Elecciones de 2026. Entre ellos figuran Rafael López Aliaga y César Acuña, quienes dejan la alcaldía de Lima y el Gobierno Regional de La Libertad, respectivamente. El mapa político del país empieza a acomodarse con miras a las Elecciones 2026. Este lunes 13 de octubre, varios alcaldes y gobernadores regionales deberán oficializar su renuncia para poder inscribirse como candidatos, tal como exige el cronograma del JNE. El caso más mediático es el de Rafael López Aliaga, quien deja la alcaldía de Lima luego de casi dos años en el cargo, pese a haber prometido que no participaría en los comicios presidenciales. César Acuña también siguió el mismo camino. El líder de Alianza para el Progreso (APP) presentó su dimisión como gobernador de La Libertad para volver a intentar llegar a Palacio de Gobierno. Con ambos anuncios, se confirma que la contienda electoral del 2026 tendrá nuevamente a viejos rostros de la política nacional.

Durante su labor como congresista, José Jerí votó a favor de 6 leyes procrimen. Estas normas van desde la imposibilidad de acusar penalmente a los partidos políticos hasta dificultar la colaboración eficaz. El presidente de la República, José Jerí, asumió las riendas del país luego de la caída de Dina Boluarte debido a su deficiente gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En sus primeros días de Gobierno, el también congresista y titular del Parlamento comenzó a recorrer los penales para dar la imagen de lucha contra la delincuencia, a pesar de que no tiene ministros. Sin embargo, durante su paso por el Congreso votó a favor de las denominadas leyes procrimen que favorecen al crimen organizado. En una investigación de La República se pudo verificar que, en al menos 6 proyectos de ley —que después fueron promulgadas por el Legislativo o en pared con el Ejecutivo— dio su respaldo para que fueran aprobadas. Una de esas iniciativas legislativas fue la conocida ley que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia (Ley 32181), herramienta fundamental para que la Fiscalía pueda solicitar al Poder Judicial detener a una persona investigada sin la necesidad de estar in fraganti. Con dicha norma, se modificó el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Es más, la ley también establecía que si un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacía uso de su arma de fuego y disparaba a una persona y esta resultaba herida o moría, el fiscal quedaba prohibido de solicitar al juez la detención del efectivo policial. Jerí votó a favor de esta ley en diciembre del 2024. Si bien es cierto, el Congreso derogó dicha norma en marzo de este año, el Perú estuvo casi 3 meses sin dicha herramienta legal para lucha contra la inseguridad ciudadana. Es preciso resaltar que Jerí también votó a favor de restituir la detención preliminar.

Nora Bonifaz se pronunció sobre los rumores que la señalaban como posible integrante del nuevo gabinete y aseguró que no formará parte. En un video publicado en sus redes sociales, Bonifaz explicó que no piensa «participar de ningún gabinete con las características del señor Jerí, cuya presencia solo manifiesta el pacto mafioso en el Congreso». Fundadora de Somos Perú califica de «títere» a José Jeri «El será el títere de este equipo. Le debe toda su carrera a Patricia Li Sotelo. Ella está detrás de él en bambalinas. Es la actual presidenta de Somos Perú, partido que yo funde y lamentablemente me tuve que desvincular. Ella es la madre del cordero. Ella está detrás de Jerí y le ha permitido avanzar en su carrera política. La obediencia absoluta de Jerí a Patricia Li le ha rendido frutos», declaró. Tras ello aseguró que Jerí «no tiene personalidad propia» ni liderazgo, por lo que «quien acepte un ministerio para gobernar con él terminará siendo cómplice de la misma miseria moral de la que forma parte». En ese contexto, exhortó a la ciudadanía a exigir la renuncia del actual mandatario. «Que no se venga a lavar la cara. Es importante que exijamos la renuncia del señor Jeri. No puede representarnos en la presidencia. Se nos viene elecciones y peligroso que puedan ser una farsa. Estamos ante la perversión de las instituciones democráticas. Una persona que no ha sido elegida está representado a la Nación», agregó. Paralelamente, el presidente continúa sin nombrar al nuevo gabinete ministerial para realizar las funciones y actividades en los diversos sectores del Perú. No obstante, pese a ello, en su cuarto día de Gobierno, Jerí participó del megaoperativo ‘Ciclón’ en el penal de Castro Castro en horas de la madrugada de este lunes 13 de octubre. De esta manera, es la segunda vez que el jefe de Estado ingresa a un penal en menos de 80 horas al mando del país. El 10 de octubre, en un intento de imitar a Nayib Bukele, encabezó un operativo en el penal Ancón I con la finalidad de que, en coordinación con el INPE y Policía Nacional del Perú (PNP), se realicen pesquisas en las celdas de internos como incautación de armas, celulares y drogas.