Política

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por 9 meses al coordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Vela Barba, debido a sus declaraciones sobre las investigaciones que se llevaban contra el expresidente Alejandro Toledo. De igual manera, se suspendió por 6 meses al fiscal José Domingo Pérez. La resolución también propone la destitución de Vela Barba como fiscal coordinador del Equipo Especial de Fiscales dedicados a la investigación en delitos de corrupción de funcionarios.

El pleno evaluará anular prisión preventiva, que beneficiaría al prófugo en las elecciones. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) evaluará hoy anular una orden de prisión preventiva de 24 meses contra el prófugo Vladimir Cerrón. El inubicable candidato a la presidencia, por el partido político Perú Libre, enfrenta una investigación por presunta organización criminal y lavado de activos. Un caso derivado del proceso que enfrenta por “Los Dinámicos del Centro”. EN SUSPENSO La audiencia se iniciará a las 9:30 a.m. La defensa de Cerrón, ejercida por el abogado Humberto Abanto, presentó un hábeas corpus contra los jueces de la Tercera Sala Penal de Apelaciones (Corte de Lima) que confirmó la prisión preventiva. La prisión preventiva le fue impuesta al perulibrista luego que este no cumpliera con las reglas de conducta, de una comparecencia con restricciones, del caso antes citado. Cerrón Rojas dejó de apersonarse a la sede judicial para su control biométrico luego que fuese condenado por el Caso “Aeródromo Wanka”. Según su defensa, Cerrón no pudo pasar el control biométrico por el caso de lavado de activos debido a la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión, dictada el 6 de octubre del 2023, que lo obligó a fugarse, pero que ya fue revocada por el TC.

En medio del caso Chifagate, Ji Wu Xiadong rechazó la explicación del presidente José Jerí sobre la cena en un chifa de San Borja y aseguró que asisitó a la cena como traductor. El empresario chino Ji Wu Xiadong desmintió públicamente al presidente José Jerí y aseguró que sí habla español. “El presidente está equivocado, debe de haberse confundido con un personal del chifa. Yo sí hablo español, el presidente no me conoce”, declaró en respuesta a la versión que dio el jefe de Estado sobre la reunión que hoy forma parte del caso Chifagate. Sus palabras contradicen un punto central de la defensa del mandatario. En el pasado enero, José Jerí sostuvo que Ji Wu Xiadong no hablaba el idioma, lo que habría limitado cualquier conversación directa. Esa explicación buscó restar importancia al encuentro en el restaurante de comida china en San Borja. El local fue el escenario de una reunión que no apareció en la agenda oficial del despacho presidencial y que luego se conoció por revelaciones periodísticas. La declaración del empresario no solo niega la supuesta barrera lingüística. También descarta que exista un vínculo cercano con el jefe de Estado. “El presidente no me conoce”, afirmó. Con esa frase, el empresario pone en duda la claridad del relato del Gobierno sobre quiénes participaron en la cita y cuál fue el nivel de contacto con el mandatario.

Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla inició una investigación por la presunta contravención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el espacio hallaron a 29 adolescentes y siete bebés. Congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, no asume culpa. La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien también es pastora evangélica, se encuentra en problemas por haber expuesto a menores víctimas de abuso sexual en el albergue que fundó. Este jueves, la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla realizó una visita inopinada al centro de acogida residencial ‘La Casa del Padre’ en el marco del inicio de una investigación por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. La medida fue dispuesta por el fiscal provincial Genaro Solís Quispe para constatar el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene dicho al albergue, ubicado en Cieneguilla, con la protección de la identidad, la dignidad, la privacidad y el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, particularmente de aquellas en situación de especial vulnerabilidad. Durante la visita inopinada, se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes, bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante. En ese espacio, de acuerdo con la Fiscalía, se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés, información que será evaluada como parte de la investigación preliminar.

Adhesión. El candidato presidencial de Ahora Nación respaldó la iniciativa para declarar inconstitucional el decreto de urgencia que desmembrana Petroperú. Desde el partido, cuestionan que la reestructuración de la petrolera se impulse sin debate en el Congreso. En su viaje a Piura, el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, firmó el planillón que respalda la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia N° 010-2025, norma publicada por el transitorio gobierno de José Jerí en la víspera de Año Nuevo, la cual abre el camino al desmantelamiento y la privatización de Petroperú. La iniciativa es impulsada por la Coalición de Sindicatos de Petroperú que viene acumulando una recolección de firmas ciudadanas para que se revise la constitucionalidad del decreto. Para presentar la acción ante el Tribunal Constitucional (TC) se requieren al menos 5.000 firmas debidamente acreditadas como reza el artículo 203, de la Constitución Política del Perú, aunque buscan recabar el doble de rúbricas debido a posibles observaciones en el proceso de verificación. En las últimas tres semanas, el sindicato ha desplegado esta campaña en distintas regiones del país. «La privatización de Fujimori fue un asco» Ante los trabajadores y representantes sindicales de Petroperú, López Chau señaló que coincide a plenitud en sus demandas. «Todos sabemos el asco de la privatización de Fujimori; fue un medio para enriquecerse», apuntó y señaló que «ninguna empresa privada ni estatal subsiste si se le obliga a subsidar o regalar dinero». Recordemos que entidades técnicas e independientes como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) han rechazado el decreto. El CAL sostuvo que el decreto «carece de sustento constitucional y legal», al no haberse acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique su emisión. Por su parte, el CIP cuestionó a «Proinversión por no tener especialidad en la conducción de procesos que requieren conocimiento profundo en ingeniería, refinación, gestión de riesgos y seguridad industrial. Con su firma, López Chau se convierte en el primer candidato presidencial en formalizar su respaldo a la iniciativa que cuestiona la privatización de la petrolera. Desde Ahora Nación sostienen que el decreto implica una privatización encubierta de la empresa estatal y afirman que su derogatoria busca defender la soberanía energética.

Solicita compensación por daño moral, lucro cesante y daño emergente tras la anulación de sentencias vinculadas a los casos Aeródromo Wanka y La Oroya. El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, presentó una demanda de indemnización por S/ 8 millones 600 mil contra el Estado peruano ante el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín. La acción fue interpuesta por su madre, Bertha Rojas López, quien actúa como su apoderada debido a que se encuentra en condición de no habido. El recurso está dirigido contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría. La demanda, que consta de 90 páginas y cuyo expediente supera los mil folios, solicita compensación por daño moral, lucro cesante y daño emergente. La defensa sostiene que las sentencias en los casos del aeródromo Wanka y el saneamiento de La Oroya le ocasionaron perjuicios personales y profesionales, incluida la privación de su libertad y el apartamiento de sus funciones como docente, médico en EsSalud y gobernador regional de Junín. El monto reclamado se desglosa en S/ 7.5 millones por daño moral y afectación a su proyecto de vida, S/ 1 millón por lucro cesante y S/ 100 mil por daño emergente, además de intereses y costos procesales. Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023.

Familiares de los 18 fallecidos salieron a las calles para recodar los tres años de fallecimiento de sus seres. Ellos caminaron por las calles con ataúdes exigiendo justicia. Este 9 de enero de 2026, se cumplió tres años del asesinato de 18 personas en manos de las FF.AA. durante las protestas contra Dina Boluarte.  Los deudos en memoria de seres queridos, celebraron una misa en la parroquia Pueblo de Dios, en el distrito de San Miguel, Puno. El acto litúrgico se tornó amargo porque coincidió con la determinación del fiscal de la Nación interino, Tomas Gálvez, quien desactivó varias unidades especializadas, entre ellas el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Este equipo de trabajo había avanzado las investigaciones por lo ocurrido en Puno, y los fiscales a cargo estaban próximos a presentar una acusación penal contra toda la cadena de mando de la Policía Nacional y Ejército, que autorizó abrir fuego contra los manifestantes que exigían la renuncia de Dina Boluarte. “Este miserable fiscal interino no dio un golpe en el alma. Pero no se va a quedar así. Mientras nosotros exigimos justicia, este cuello blanco desactivó al grupo de fiscales que investigaba lo sucedido en las protestas. Se ha sometido al Congreso, que siempre ha protegido a policías y militares. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en sanciones a los responsables. Vamos a volver a las calles para decirles que no nos van a doblegar”, dijo Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero. Esta organización agrupa a familiares de los deudos. El padre Luis Zambrano ofició en la misma central y exhortó a quienes perdieron a sus parientes a no desmayar, porque no hay mayor expresión de amor que buscar justicia. Como invitada de honor estuvo la fiscal de la Nación inhabilitada por el Congreso, Delia Espinoza. Se declaró cristiana y recordó que el Ministerio Público es una pieza importante para alcanzar justicia a través de la defensa del derecho de las personas, pero precisó que hay fuerzas del mal que la alejaron de la fiscalía. “Lamentablemente, el demonio está presente también en nuestra patria. Pero la lucha no debe dejar de existir. Yo estoy en este momento apartada de mi cargo por las fuerzas del mal, cargo que me gané con esfuerzo y sin deberle nada a nadie, pero mi misión no ha terminado. Voy a utilizar la mejor herramienta que conozco: la ley. Seguiré luchando para volver a ese puesto que me permita continuar trabajando por la justicia en mi querido país. A Juliaca, le digo que no pierdan la esperanza”, afirmó Espinoza.

El partido Ahora Nación respondió a los cuestionamientos sobre el pasado del candidato presidencial y sostuvo que Alfonso López-Chau no registra antecedentes penales, según información del Poder Judicial y su propia versión de los hechos. El partido Ahora Nación reconoció que Alfonso López-Chau estuvo privado de su libertad durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, pero afirmó que se trató de una detención política y no de un proceso penal. Según el pronunciamiento partidario, el hoy candidato presidencial fue posteriormente amnistiado, como ocurrió con otros opositores al gobierno militar, y nunca tuvo una condena judicial. La organización política sostuvo que la privación de libertad de López Chau respondió a su oposición al régimen de facto y no a la comisión de un delito. En esa línea, precisó que no existe expediente penal en su contra ni sentencia que lo vincule a responsabilidad criminal, por lo que no se generaron antecedentes penales en su historial. Esta versión fue reforzada con un documento del Poder Judicial que da cuenta de la inexistencia de sentencias condenatorias inscritas en el Registro Nacional de Condenas. El oficio señala que, tras una búsqueda oficial, no se hallaron registros judiciales que acrediten condena consentida o ejecutoriada contra Alfonso López-Chau. El tema volvió a la agenda pública en medio del proceso electoral tras las declaraciones del excongresista y exalcalde de Andahuaylas, Edgar Villanueva, quien señaló a RPP que Alfonso López-Chau habría estado recluido en el penal de Lurigancho y en otro establecimiento penitenciario durante la década de 1970.