El presidente de la República, José Jerí, asumió las riendas del país luego de la caída de Dina Boluarte debido a su deficiente gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En sus primeros días de Gobierno, el también congresista y titular del Parlamento comenzó a recorrer los penales para dar la imagen de lucha contra la delincuencia, a pesar de que no tiene ministros. Sin embargo, durante su paso por el Congreso votó a favor de las denominadas leyes procrimen que favorecen al crimen organizado.
En una investigación de La República se pudo verificar que, en al menos 6 proyectos de ley —que después fueron promulgadas por el Legislativo o en pared con el Ejecutivo— dio su respaldo para que fueran aprobadas.
Una de esas iniciativas legislativas fue la conocida ley que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia (Ley 32181), herramienta fundamental para que la Fiscalía pueda solicitar al Poder Judicial detener a una persona investigada sin la necesidad de estar in fraganti. Con dicha norma, se modificó el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal.
Es más, la ley también establecía que si un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacía uso de su arma de fuego y disparaba a una persona y esta resultaba herida o moría, el fiscal quedaba prohibido de solicitar al juez la detención del efectivo policial. Jerí votó a favor de esta ley en diciembre del 2024.
Si bien es cierto, el Congreso derogó dicha norma en marzo de este año, el Perú estuvo casi 3 meses sin dicha herramienta legal para lucha contra la inseguridad ciudadana. Es preciso resaltar que Jerí también votó a favor de restituir la detención preliminar.
