Este jueves 9 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que ha dado a conocer, principalmente, la ratificación y la ampliación de medidas de protección a favor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes forman parte del Equipo Especial del caso Lava Jato. En el caso de Domingo Pérez, el organismo ha indicado que es necesario que se continúe con esta medida porque existe aún una situación de riesgo para él y para su familia. Como se recuerda, el último 25 de julio del 2021, la CIDH otorgó dicha disposición en un contexto de lucha contra la corrupción vivida en las Elecciones Generales 2021.
“Existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente, siendo necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”, inició en el comunicado. En ese contexto, aseguró que, a pesar de que ha transcurrido más de dos años desde que efectúo la medida cautelar, aún «no se han identificado responsabilidades por los hechos alegados de modo que pueda analizarse si los elementos generadores de riesgo han sido mitigados o han desaparecido”.
Por tanto, detalló que la respuesta estatal tendría que reportar cuáles son las causas que originan esta situación de riesgo. «(…) Que incluyan medidas para atender las causas generadoras de riesgo valoradas por la CIDH en el momento del otorgamiento de las presentes medidas cautelares y en la mencionada Resolución», añadieron. En el 2021, la CIDH fue clara al señalar que el Gobierno peruano tendría que «garantizar los derechos a la vida e integridad personal» de José Domingo Pérez, quien era amenazado por grupos fujimoristas. Precisamente, por esta razón, 12 de junio del mismo año, la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos pidió protección para el abogado peruano.
CIDH amplía medidas cautelares a favor del fiscal Rafael Vela
Otra de las conclusiones recae en Rafael Vela, jefe del Equipo Especial de Fiscales en el caso Lava Jato. La CIDH amplía las medidas cautelares a su favor por los «hechos de riesgo» que ha enfrentado en los últimos meses. En ese aspecto, instó a las máximas autoridades peruanas a no enfatizar el ambiente «hostil», sino a elaborar medidas para combatirlas. «Frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”, precisaron.
Asimismo, mostró su preocupación si se llegara a retirar el esquema de protección que tendría. «Así, no solo se deben prevenir las amenazas, ataques y represalias, sino que también se deben abordar sus causas», finalizaron.
